Nucleares: ni “Si” ni “No”, ni “todo lo contrario”

Nucleares

El pasado 1 de enero entró en vigor la ley 15/2013 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética con el objetivo de recaudar y destinar a la tarifa eléctrica 3.000 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa.  Esta norma que incluye un impuesto del 7% a la producción de electricidad y retiradas de exenciones fiscales al carbón, el fuel o el gas natural para la producción eléctrica también grava con nuevos gravámenes a la nuclear.

Soria dice que esta ley se aprueba con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa que ya supera los 24.000 millones. La respuesta no se ha hecho esperar del ámbito de las nucleares: Nuclenor, empresa titular,  anuncia el cierre la central nuclear de Garoña por los nuevos impuestos.  Dicen que mantener la central operativa hasta julio de este año, fecha en la que estaba previsto su cierre, le obligaría a pagar 161 millones de euros en impuestos, es decir, 1,5 veces lo que prevé de ingresos por venta de energía.  “La aplicación de los nuevos impuestos recogidos en la norma deja a Nuclenor fuera de mercado y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012”. La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se desconectó de la red eléctrica el domingo 16 de diciembre de 2012, quizá ya para siempre.

Pese al carácter reversible que Nuclenor insiste en otorgar a su decisión, todo parece indicar que ésta ya no tendrá vuelta atrás. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dejado claro que, ante la renuncia de Nuclenor a solicitar en septiembre pasado la prórroga de funcionamiento hasta 2019 que le brindó en bandeja el Gobierno Rajoy, el único escenario posible es el del cierre definitivo de la central en julio de 2013.
Parece obvio que existe una estrategia de comunicación por parte de Nuclenor para propagar que la causa del cierre es una mera cuestión económica derivada de la incertidumbre regulatoria generada por el Gobierno en el sector eléctrico (incertidumbre que, desde luego, existe, y que afecta especialmente al sector de las energías renovables) y que el cese de su explotación no tiene nada que ver con el funcionamiento de la central nuclear.
En este juego en el que las eléctricas culpabilizan al Gobierno de ser el culpable de que tengan que cerrar la central nuclear de Garoña porque con sus medidas normativas ya no les salen las cuentas (aunque en el 2009, cuando el Gobierno Zapatero tenía que tomar una decisión sobre su cierre o continuidad, Nuclenor porfiaba en que Garoña era extremadamente rentable), el Ejecutivo, en contrapartida, quedaría fortalecido ante la opinión pública como el único que ha sido capaz de resistirse a las pretensiones de los poderosos, del influyente lobby eléctrico. Todos contentos.

Pero no hace falta ser un experto para saber que las cuatro grandes eléctricas que operan en España, Endesa, Iberdrola (propietarias de Garoña) , Gas Natural Fenosa y HC Energía, sumaron unas ganancias de 4.524 millones  de euros en el primer semestre, un 0,4% más que los 4.505 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

En línea con esa estrategia mediática, se ha ido incluso poco a poco relegando a un plano muy secundario el dato de que Nuclenor tendría que invertir al menos 120 M€ para implementar las medidas de seguridad derivadas de las pruebas de resistencia realizadas a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima, cuya unidad número 1 es hermana gemela de Garoña. Las eléctricas quieren alejar cuanto antes el fantasma de Fukushima del recuerdo de la opinión pública. Pero es precisamente aquí donde parece estar la clave sobre el cierre de Garoña.

Desde hace décadas, la industria nuclear está en declive. La causa principal es su falta de rentabilidad. Sin las ayudas públicas, directas o indirectas, no lograría sobrevivir. Su elevado coste económico se debe principalmente a las cada vez mayores exigencias de seguridad por parte de la sociedad, especialmente tras los desastres de EE.UU., 1979, Chernóbill, 1986 y ahora Fukushima , 2011. Como muestra, un botón: la compañía eléctrica estatal francesa EDF ha reconocido recientemente que el coste de su única central en construcción, el reactor EPR de Flamanville-3, ha pasado de los 3.300 M€ estimados inicialmente a 8.500 M€.

Lo más probable es que el cierre de Garoña se deba realmente a que sus dueños son conscientes de que las inversiones que tendrían que acometer en el corto y medio plazo para hacer frente a las medidas de seguridad que se exigirían a Garoña son mucho más elevadas de lo que inicialmente dijeron.

En fin, veremos cómo el gobierno define la energía nuclear dentro del nuevo planteamiento energético en el que está trabajando. Por ahora, se mueven nuevas fichas en el tablero de ajedrez energético. Le toca mover a Soria y mueve a Nadal como nuevo Secretario de Energía y a Martí a la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Los socialistas también mueven ficha: Narbona a la Vicepresidencia. Con claro perfil antinuclear y muy crítica con la política de Martí, ahora compartirán mesa en el pleno del Consejo. De todas formar me río, yo del perfil antinuclear de aquellos que llegaron al  poder con la convicción de la necesidad de “nacionalizar sectores estratégicos como el energético” y ahora resulta que muchos “ex” del socialismo ocupan cargos importantes y asesoran a empresas de este sector. No se me alarmen que también los hay del PP.

Yo estoy de acuerdo con la Fundación Renovables y su presidente Javier García Breva en cuanto a su propuesta de cierre de las centrales térmicas y nucleares. Este cierre efectivamente, debería hacerse de forma ordenada y planificada, en función de aspectos como su uso de combustibles fósiles de importación, sus emisiones de CO2 y los riegos de su actividad  nuclear.

En todo caso, hay que ganar la batalla de la opinión pública tan influenciada por el lobby convencional que tanto dinero se gasta en educarla. El enfrentamiento en torno a la cuestión de la energía nuclear pone de relieve un tema especialmente controvertido para los ciudadanos: el del empleo.  Lo que más interesa al Municipio es dar nuevas vías de generación de electricidad sostenible optimizando, al mismo tiempo, las nuevas oportunidades de empleo sobre todo para la población trabajadora y con pocos recursos.

A la industria nuclear le gusta promocionar la idea de que la construcción de reactores atómicos de gran tamaño genera puestos de trabajo. Si me permiten hagamos un pequeño estudio laboral: Por ejemplo para crear 70.000 empleos en todo el país, se tendrían que construir unas 22 centrales atómicas. La edificación de un reactor genera únicamente unos 2.400 empleos en el sector de la construcción; una vez activo, bastan simplemente 800 operarios aproximadamente, a tiempo completo para hacerlo funcionar.  Esto tendría un coste de 153.000 millones de euros aproximadamente y un tiempo de construcción de unos 20 años.  Conclusión: una enorme inversión en tiempo y dinero para tan escaso incremento en la ocupación.

Por otro lado y según la Union of Concerned  Scientists (Unión de Científicos Preocupados), una de las asociaciones más respetadas del país, si un  gobierno (como por ejemplo el nuestro) fijara un requisito según el cual las empresas de suministro eléctrico estuvieran obligadas a obtener un 25% de su electricidad a partir de energías renovables, se generarían cerca de 300.000 empleos.  ¿Qué pasa entonces con la electricidad adicional que las centrales nucleares habrían aportado a la red? Las proyecciones energéticas sobre crecimiento energético que se vienen utilizando, posiblemente no sean tan relevantes en el futuro. Las empresas de suministro de electricidad manejan desde hace tiempo para sus cálculos un crecimiento anual de la carga y de las ventas de entre el 1% y el 2%. Esta regla general se ha cumplido probablemente en el 90 por ciento de los últimos 60 años. Pero bien es cierto que a medida que los consumidores comiencen a usar menos energía externa y a producir una proporción mayor de la suya propia, se observará un notable descenso de la demanda.  En toda Europa y América se están registrando caídas similares en el consumo de electricidad y esto obliga necesariamente a reevaluar las necesidades energéticas  futuras y, por consiguiente, las predicciones  de crecimiento.

Es posible que el aumento de la demanda de electricidad destinada a alimentar Internet y otros servicios de comunicación relacionados, así como vehículo eléctrico propicie un aumento del consumo eléctrico en los años venideros.

Desde luego el tema no tiene desperdicio. Es todo “magro”.

Mario Prieto

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